QuímicaViva - El desfinanciamiento de la investigación pública en Argentina frente al escenario global

Opinion

El desfinanciamiento de la investigación pública en Argentina frente al escenario global

Humberto Debat

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Córdoba, Argentina

Resumen

En varias democracias, los sistemas de ciencia pública están siendo degradados mediante recortes presupuestarios, disolución institucional y hostilidad hacia los investigadores. Argentina ofrece un caso avanzado de este proceso. Hacia mediados de 2026, la inversión estatal en ciencia y técnica cayó al 0,151% del PBI, el nivel más bajo desde 1972, mientras el sistema universitario nacional retrocedió del 0,72% al 0,47% del PBI y la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso e insistida tras dos vetos, permanece suspendida por vía administrativa y judicial. El fenómeno no es una singularidad nacional ni un rasgo exclusivo de un signo político. En Chile, el gobierno de derecha de José Antonio Kast recortó el presupuesto de ciencia a semanas de asumir, y en Colombia y en México los recortes ocurrieron bajo gobiernos de izquierda y centroizquierda. En los Estados Unidos, más de 7.800 subsidios fueron terminados en 2025 y la autonomía universitaria sufrió el descenso más rápido registrado. Al mismo tiempo, Japón, China, España y la Unión Europea invierten y reclutan talento, lo que revela un segundo problema: la capacidad de absorción del sistema internacional se contrae al tiempo que crece la demanda. Este trabajo sostiene que, pese a la diversidad de origen, los resultados convergen, que el financiamiento y la autonomía académica son dos frentes distintos de un mismo retroceso, y que revertir el daño exigirá monitoreo internacional coordinado, inversión planificada en capacidad de absorción, protecciones legales para la autonomía científica y alianzas políticas construidas antes de la próxima crisis.

Introducción

Buena parte del debate reciente sobre las amenazas a la ciencia financiada con fondos públicos se concentró en los Estados Unidos. Desde la perspectiva de un investigador que trabaja en América Latina, lo que ocurre en ese país se parece menos a una anomalía y más a la incorporación tardía de una potencia central a un proceso que en el Sur Global ya estaba en marcha. En Argentina, donde dirijo un laboratorio, el ataque más reciente a la ciencia comenzó en diciembre de 2023 con la asunción de Javier Milei a la presidencia, y la situación se deterioró más allá de lo que la mayoría de los analistas creía posible [1, 2, 3]. El caso argentino importa por su gravedad y también por su carácter ilustrativo. Lo que aquí ya se ejecutó permite prever lo que otros sistemas podrían atravesar si sus procesos siguen la misma pendiente.

Los contextos políticos difieren, pero los ataques a la ciencia siguen un guion reconocible. Un gobierno enfrenta una restricción fiscal o abraza un proyecto de reducción del Estado. Los ministerios de ciencia se disuelven o se degradan. Los organismos de financiamiento enfrentan recortes que superan lo que puede absorberse por reorganización interna. Se cancelan áreas de investigación específicas, con frecuencia las vinculadas al cambio climático, la salud pública o la equidad social. Los investigadores son descriptos en el discurso público como improductivos, y quienes están en etapas tempranas de carrera, los más dependientes del financiamiento público y también los más móviles, comienzan a emigrar.

Conviene, sin embargo, resistir una simplificación. El recorte a la ciencia no es una propiedad exclusiva de una tendencia de gobierno. Un mapeo de la situación a mediados de 2026 muestra orígenes diversos que producen resultados similares. En Argentina el recorte es ideológico y responde a un proyecto que concibe la investigación pública como una distorsión del mercado. En Chile, el gobierno que asumió en marzo de 2026 combina la consolidación fiscal con una retórica de sospecha hacia el gasto en investigación que retoma el repertorio argentino. En los Estados Unidos el recorte es en parte ideológico y en parte punitivo. Pero en Colombia, bajo un gobierno de izquierda, y en México, bajo uno de centroizquierda, el financiamiento científico se desplomó por desprioritización fiscal, mientras que gobiernos de derecha como el de Italia o el de Japón, en el mismo período, aumentaron su inversión. A esta variedad de motores se agrega un segundo frente, distinto del presupuestario, que es la erosión de la autonomía de las universidades y los organismos, documentada de manera independiente por el Academic Freedom Index. La tesis que recorre este texto es que, pese a esa diversidad, los resultados convergen, y que esa convergencia tiene consecuencias que ninguna respuesta puramente nacional alcanza a abordar.

Argentina y el desmantelamiento de un sistema

Argentina es hoy el caso donde el desmantelamiento avanzó más lejos, y por eso conviene leerlo a la escala de todo un sistema, con sus consejos de investigación, sus universidades, sus institutos tecnológicos y sus agencias de financiamiento, y no como un recorte acotado a un organismo.

El sistema de ciencia y técnica en su conjunto

La Función Ciencia y Técnica del Presupuesto Nacional acumula una caída real del 46,5% en tres años de gestión, con retrocesos del 29,7% en 2024, del 16,5% en 2025 y una contracción proyectada del 8,8% para 2026 [4]. La inversión estatal en ciencia se ubica así en el 0,151% del PBI, el nivel más bajo desde 1972 y una fracción de lo que la suspendida Ley de Financiamiento de la Ciencia había fijado como piso para el año. El empleo público del sistema cayó de 75.057 a 68.730 puestos, una destrucción de 6.327 cargos desde diciembre de 2023, equivalente a unos 7,7 por día [4]. En marzo de 2024, apenas tres meses después de la asunción presidencial, 68 premios Nobel habían advertido en una carta abierta que la ciencia y la tecnología argentinas se acercaban a un "precipicio peligroso". Dos años y medio después, esa advertencia se lee como una descripción anticipada.

El CONICET

El principal consejo de investigación del país perdió alrededor de 34,7 puntos reales de presupuesto respecto de 2023, con un gasto que retrocedió a niveles de 2009, y sus salarios cayeron cerca del 40% en términos reales desde noviembre de 2023 [4]. El corte de las cadenas de formación se volvió explícito en el invierno de 2026. La convocatoria anual de ingreso a la Carrera del Investigador quedó interrumpida, permanecen sin efectivizar cientos de cargos ya concursados en 2022 y 2023, y unos 379 becarios posdoctorales de la cohorte 2023-2026 enfrentaron la no renovación de sus becas el 1ro de agosto, sin lugar previsto en el sistema pese a diez o más años de formación previa. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales expresó su "profunda preocupación" y estimó, por boca de su vicepresidente, que cerca de dos mil investigadores jóvenes abandonaron sus puestos. Cada una de estas cifras describe una cohorte que no será formada y un conocimiento institucional que no se transmitirá.

Las universidades nacionales

El sistema universitario, columna vertebral de la formación y de gran parte de la investigación argentina, atraviesa una crisis presupuestaria y salarial que merece tratarse con detalle. El presupuesto universitario pasó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para 2026, con transferencias reales que acumulan una caída cercana al 45,6%, y una inversión por estudiante que se ubica en el nivel más bajo desde 2004 [5]. El gasto de 2025 resultó comparable al de 2007, aunque el sistema atiende hoy trece universidades más y cientos de miles de estudiantes adicionales. Los salarios docentes perdieron alrededor del 34% de su poder adquisitivo real desde noviembre de 2023, al punto de que la mayoría de los cargos quedó por debajo de la línea de pobreza, y más de diez mil profesionales dejaron sus puestos desde el inicio del ajuste [6,5]. Los hospitales universitarios, que integran la red de salud pública, ejecutaron apenas el 9,3% de su presupuesto en el primer cuatrimestre de 2026.

El conflicto tiene, además, una dimensión institucional que trasciende las cifras. El Congreso sancionó una Ley de Financiamiento Universitario que actualiza partidas y salarios según la inflación, la ratificó tras un primer veto presidencial en 2024 y volvió a sancionarla en octubre de 2025 (Ley 27.795). El Poder Ejecutivo la vetó por segunda vez, ambas cámaras rechazaron ese veto, uno de los pocos casos en más de dos décadas en que el Congreso deja sin efecto un veto presidencial, y aun así el Gobierno suspendió su aplicación. La Justicia primero ordenó cumplir artículos centrales de la norma y luego, en mayo de 2026, suspendió su aplicación a pedido del Ejecutivo, de modo que su destino quedó en manos de la Corte Suprema. El sistema universitario respondió con cuatro marchas federales entre 2024 y 2026, algunas de las mayores movilizaciones sociales del período. En el fondo se debate una cuestión más amplia que una partida presupuestaria: si el Poder Ejecutivo puede vaciar de contenido una ley vigente por el simple hecho de no compartirla.

El INTA

El caso del INTA, donde trabajo, ilustra la mecánica del desarme sobre una institución concreta. A través de la Resolución 144/2026 se abrió un régimen de retiros voluntarios cuyo objetivo declarado es reducir la planta cerca de un 20%, desde unos 5.750 hacia unos 4.500 agentes, y hacia mediados de 2026 se habían concretado alrededor de 900 desvinculaciones por esa vía. La reestructuración avanzó también sobre la estructura territorial y el patrimonio del organismo. El edificio histórico de Cerviño 3101, en Buenos Aires, se remató en unos 18,5 millones de dólares, y aproximadamente el 70% de ese monto se transfirió al Tesoro Nacional, en lugar de ingresar al INTA, mediante un decreto de necesidad y urgencia, operación que derivó en una denuncia penal contra las autoridades del organismo y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La superficie de tierra en riesgo es considerable: los planes oficiales pusieron a disponibilidad de esa agencia hasta unas 70.000 hectáreas, sobre más de 110.000 que el INTA utiliza para investigación, experimentación y producción. En estas tierras funcionan estaciones donde se desarrollan bancos de germoplasma, ensayos de largo plazo y mejoramiento de cultivos.

La respuesta institucional y judicial matiza este cuadro. El 2 de junio de 2026 la Justicia federal dictó una medida cautelar por seis meses que suspendió la Resolución 20/2026, la cual disponía el cierre de la Estación Experimental Área Metropolitana de Buenos Aires, de nueve agencias de extensión y el traspaso de inmuebles. El fallo ordenó abstenerse de suprimir funciones, trasladar trabajadores, desvincular personal técnico y vender o subastar propiedades, y más de quince municipios bonaerenses aprobaron ordenanzas para proteger tierras del organismo. Estas resistencias no revierten el deterioro presupuestario ni la pérdida de personal formado, pero muestran que el desmantelamiento no transcurre sin costo político ni jurídico.

Otros organismos del sistema nacional de ciencia y tecnología

El deterioro alcanza al conjunto de los organismos. La Comisión Nacional de Energía Atómica, tercer organismo del sistema por volumen presupuestario y núcleo del desarrollo nuclear argentino, sufrió despidos y protestas y acumula una caída cercana a la mitad de su presupuesto en tres años. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que participa en misiones internacionales, arrastra el retroceso más pronunciado del sistema, cercano al 88% desde su máximo de 2013, con una dotación que pasó de unos 300 a unos 250 trabajadores. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, clave para el desarrollo productivo, perdió alrededor de 44 puntos reales desde 2023, y organismos como el Servicio Meteorológico Nacional, la Fundación Miguel Lillo y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria registran caídas de un tercio o más. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, principal fondo sectorial, opera hoy con cerca del 11% de los recursos que tenía al cierre de la gestión anterior, tras cancelar convocatorias y subsidios comprometidos, lo que dejó a Argentina como el único país de América Latina que no asignará fondos públicos a nuevos proyectos de investigación en 2026 [3,4].

América Latina: un ocaso que cruza el espectro político

Argentina es el extremo de un proceso regional más amplio. Un análisis reciente de la red latinoamericana del International Network for Governmental Science Advice describe un "ocaso silencioso" de la ciencia en la región, donde los ciclos políticos cambiantes producen recortes drásticos y la discontinuidad de programas de largo plazo, sobre sistemas que ya invertían poco, en torno al 0,3% del PBI o menos [7]. Sobre ese fondo estructural se destacan trayectorias nacionales que conviene leer juntas, porque desmienten la idea de que el recorte tiene un único color político.

El caso más cercano a Argentina, tanto por su geografía como por su lógica, es Chile. José Antonio Kast, del Partido Republicano, asumió el 11 de marzo de 2026 con la promesa de recortar unos 6.000 millones de dólares del gasto público, declaró al país en emergencia y ordenó una reducción general del presupuesto que en el Ministerio de Ciencia terminó en el 4,7%, por encima de lo pedido por Hacienda [8]. A las pocas semanas, ese ministerio suspendió las becas de maestría y posdoctorado en el exterior para 2026, y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo discontinuó once programas, entre ellos la Iniciativa Milenio que sostiene centros de excelencia, con despidos ya en curso [9]. Kast cuestionó el valor de la investigación con una fórmula que recuerda a la retórica de Milei, al describir el trabajo científico como estudios que terminan en libros empastados en bibliotecas, e insinuó subordinar el ministerio de ciencia al de Educación. Su trayectoria está en fase inicial, en parte porque su partido carece de mayoría en el Congreso, pero su punto de partida reproduce el manual que Argentina ya recorrió.

Lo que Kast insinuó, el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador lo ejecutó en el plano institucional: la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología perdió su rango y quedó absorbida, como viceministerio, dentro del Ministerio de Educación, junto con las carteras de Deporte y Cultura [10]. En paralelo, la proforma presupuestaria para 2026 redujo los recursos de diecinueve universidades públicas por unos 128,9 millones de dólares, con la universidad intercultural Amawtay Wasi, que atiende a comunidades indígenas, a la cabeza con una caída cercana al 69%, y con afectación a laboratorios, proyectos de innovación y programas de investigación, aunque el gobierno sostiene que el fondo global del sistema aumentó y describe el ajuste como una redistribución [11]. La degradación del organismo de ciencia a una dependencia de segundo orden es un movimiento que reaparece en varios de estos procesos, y que la propia Argentina conoció cuando su ministerio fue reducido a secretaría en 2018.

Sería cómodo concluir que el problema es la derecha regional, y sería falso. En Colombia, el primer gobierno de izquierda del país, encabezado por Gustavo Petro, redujo el presupuesto del Ministerio de Ciencia de manera sostenida durante tres años, hasta dejarlo en cerca del 0,02% del presupuesto nacional en 2026, su nivel más bajo desde la creación del organismo y una caída acumulada cercana al 78%, en contradicción con su propia promesa de campaña de llevar la inversión en investigación al 0,5% del PBI [12,13]. En México, el gobierno de centroizquierda de Claudia Sheinbaum, que había elevado la agencia de ciencia al rango de secretaría, mantuvo sin embargo la austeridad de su predecesor, con una reducción del 2% para la nueva cartera y del 11% para los veinticuatro centros públicos de investigación, algunos de los cuales debieron recortar salarios o despedir personal [14]. En estos casos el motor difiere del ideológico argentino: la investigación tratada como una variable prescindible del ajuste fiscal, un mecanismo que opera con gobiernos de cualquier signo.

Frente a estas trayectorias descendentes, la región ofrece también un precedente de reconstrucción. En Brasil, la salida de la administración de Jair Bolsonaro dio paso, a partir de 2023, a una reconstrucción del financiamiento y del marco institucional de investigación [15]. El contraste importa, porque muestra que el deterioro es político y por lo tanto reversible, un punto sobre el que volveré. En la misma dirección, países como Uruguay, que destina alrededor del 0,5% del PBI a investigación y cuya agencia nacional sostiene sus convocatorias, muestran que el rumbo de cada sistema responde a decisiones políticas y que el ocaso regional admite excepciones [16].

El patrón más allá de la región

El mismo mapeo, extendido a otras regiones del mundo, confirma que los motores difieren y los síntomas se repiten, y ubica a América Latina dentro de un cuadro global.

En los Estados Unidos, más de 7.800 subsidios ya otorgados por los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional de Ciencias fueron terminados o congelados en 2025, con foco en investigación sobre desinformación, reticencia vacunal, enfermedades infecciosas y grupos subrepresentados, y un análisis de más de 2.200 subsidios del primero mostró que las mujeres y los investigadores jóvenes fueron afectados de manera desproporcionada [17,18]. Por segundo año consecutivo, la administración solicitó para 2027 recortes profundos, superiores a la mitad del presupuesto de la Fundación Nacional de Ciencias, aunque el Congreso resistió pedidos equivalentes para 2026 y los tribunales dictaminaron en marzo de 2026 que el congelamiento masivo había sido arbitrario [19]. El daño, sin embargo, no depende de que el Congreso apruebe los recortes, porque las agencias redujeron por su cuenta la cantidad de nuevos subsidios y el propio organismo cerró en abril de 2026 su Dirección de Ciencias Sociales, del Comportamiento y Económicas.

En Europa el cuadro es heterogéneo. Francia recorta por austeridad, con la totalidad de sus universidades públicas encaminadas al déficit en 2026 y protestas nacionales, al tiempo que intenta reclutar investigadores extranjeros [20]. El Reino Unido presiona su ciencia básica por la vía del estancamiento presupuestario, con ahorros del Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología que alcanzarían los 162 millones de libras hacia 2029-2030 y un desenlace confirmado en julio de 2026 que afecta a la física de partículas, la astronomía y la física nuclear [21,22]. Alemania combina una financiación federal estable, protegida por su Pacto de Investigación, con recortes a nivel estadual y a la cooperación académica internacional. Los Países Bajos, en cambio, ilustran la reversibilidad: los recortes dispuestos por el gabinete de coalición de Geert Wilders se revirtieron tras la caída de ese gobierno, y la nueva coalición restauró fondos por una suma que crece hasta los 428 millones de euros anuales, aunque el daño ya ejecutado sobre plantas y contratos no se deshace sin más.

Un rasgo adicional, que también aparece en Nueva Zelanda y en el Reino Unido, es la reorientación del financiamiento desde la investigación guiada por la curiosidad hacia áreas aplicadas o de misión. Nueva Zelanda, bajo un gobierno de centroderecha, disolvió su agencia de innovación, fusionó sus siete institutos de investigación estatales en un puñado de organismos orientados a la comercialización, recortó su fondo de investigación básica y retiró de él a las ciencias sociales y humanidades, con cientos de despidos y una fuga de talento reconocida por el propio sector [23]. En el mismo continente, Australia, bajo un gobierno de centroizquierda, presentó un presupuesto 2026-2027 que discontinuó programas de comercialización de la investigación, entre ellos el Trailblazer, redirigió unos 800 millones de dólares australianos de fondos de investigación no comprometidos y recortó la ciencia ambiental, con las universidades enfrentando caídas en términos reales, en un balance que la Academia Australiana de Ciencias describió como apenas un punto de partida para el sistema científico [24,25]. Con Nueva Zelanda, las dos economías de Oceanía comprimen su base científica desde signos políticos opuestos.

Asia matiza el diagnóstico en una dirección importante. Lejos de recortar, Japón, bajo un gobierno de derecha, aumentó su inversión en ciencia básica y en universidades y lanzó programas para atraer investigadores extranjeros; China sostiene un crecimiento fuerte de su inversión y recluta talento de manera activa; y Corea del Sur, tras el shock de 2024, cuando aplicó el primer recorte de su presupuesto de investigación en más de tres décadas, lo revirtió y elevó su presupuesto de 2026 en cerca de un 19% [26, 27]. Estas trayectorias ascendentes conviven, sin embargo, con dos matices. El primero es la reorientación disciplinar, visible en Corea, donde el aumento agregado se concentra en inteligencia artificial mientras las humanidades y las ciencias sociales se vacían, con cientos de departamentos fusionados o eliminados. El segundo es que la inversión y la libertad no van necesariamente juntas, algo que obliga a considerar un frente distinto del presupuestario.

La autonomía institucional, un segundo frente

Los recortes presupuestarios son la cara más visible del retroceso, pero no la única. La independencia de las universidades y los organismos para decidir qué se investiga, quién enseña y quién ingresa constituye un frente separado, que puede deteriorarse incluso donde el presupuesto se mantiene, y que conviene medir con instrumentos propios. El Academic Freedom Index, elaborado por la Universidad de Erlangen-Núremberg y el Instituto V-Dem sobre la base de una metodología revisada por pares y de las evaluaciones de más de 2.300 expertos en 179 países, ofrece esa medición independiente [28].

Sus resultados a diciembre de 2025 refuerzan el diagnóstico desde un ángulo distinto. La libertad académica retrocedió de manera estadísticamente significativa en cincuenta países durante la última década y mejoró solo en nueve. El descenso más rápido y pronunciado de la autonomía institucional corresponde a los Estados Unidos, cuyo puntaje en ese indicador cayó de 3,3 en 2019 a 1,7 en 2025, un deterioro que el informe atribuye a una combinación de medidas estaduales y federales y que superó en velocidad al de países en proceso de autocratización como Hungría, India y Turquía, donde la erosión fue más gradual, por la vía de ataques políticos, reformas legales e intervenciones administrativas. La coincidencia entre este eje y el presupuestario no es total, y ahí reside su interés analítico. Argentina y los Estados Unidos combinan recorte y pérdida de autonomía; Hungría, India y Turquía erosionan la autonomía sin una historia presupuestaria dramática; Nueva Zelanda y el Reino Unido recortan y reorientan sin captura autocrática. El mismo informe aporta, además, un dato que sostiene la hipótesis de la reversibilidad, al registrar la recuperación de la autonomía en Brasil y en Polonia tras la salida de gobiernos antipluralistas.

La investigación que desaparece cuando desaparece el financiamiento público

El carácter multinacional de estos recortes golpea con mayor fuerza en los campos donde los gobiernos aportan la mayor parte o la totalidad del financiamiento. El trabajo sobre enfermedades tropicales desatendidas, como el Chagas, el dengue y otras patologías transmitidas por vectores que afectan de manera desproporcionada a poblaciones de bajos ingresos, dependió históricamente de instituciones públicas de países de ingresos medios, que son justamente las que se están desmantelando [29]. La investigación agrícola orientada a la seguridad alimentaria, y no a la rentabilidad comercial, se apoya en agencias como el INTA en Argentina y el Departamento de Agricultura en los Estados Unidos, y ambas enfrentan recortes de magnitud.

Las redes de monitoreo climático dependen de compromisos institucionales sostenidos a lo largo de décadas, y el capital privado no ocupa el lugar del Estado en estas áreas. Cuando el Estado se retira, el trabajo se detiene. Ciertas investigaciones de largo plazo que no pueden pausarse, como el monitoreo ecológico y los ensayos clínicos, sufren pérdidas de datos que ya no se recuperan. Un estudio documentó que 383 ensayos clínicos perdieron financiamiento a raíz de la terminación de subsidios de los Institutos Nacionales de Salud, con más de 74.000 participantes inscriptos afectados [30]. Las colaboraciones internacionales que requieren compromisos plurianuales se vuelven inviables cuando los socios ya no pueden garantizar continuidad.

El supuesto de resiliencia, bajo prueba empírica

La expectativa convencional ante un recorte nacional es que el sistema internacional absorba el impacto. Los investigadores se reubican, las colaboraciones redistribuyen esfuerzos y el conocimiento sigue circulando. Este supuesto puede ponerse a prueba con el mapa de 2026, y no sale bien parado. Los programas de emergencia cumplen una función real de triaje. El Consejo Europeo de Investigación duplicó su financiamiento de instalación para investigadores que se relocalizan, y las solicitudes desde los Estados Unidos se multiplicaron, pasando de 60 a 169 entre 2024 y 2026 en el caso de investigadores jóvenes y de 23 a 114 en el de investigadores senior [31, 32]. La iniciativa Choose Europe for Science comprometió unos 500 millones de euros, España recluta talento a través de su programa ATRAE, Canadá anunció un esquema de captación por 1.700 millones de dólares canadienses, y la Unión Europea propuso duplicar el presupuesto de su programa marco de investigación. Japón y China lo hacen desde Asia, y las monarquías del Golfo, con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita a la cabeza, expanden sus universidades y atraen talento global al amparo de sus planes de diversificación económica [33]. Conviene advertir, sin embargo, que varios de estos polos, entre ellos China y el Golfo, ofrecen recursos sin ofrecer autonomía, de modo que la absorción que prometen tiene un límite cualitativo además del cuantitativo. Otros sistemas, como el sudafricano, no se expanden pero tampoco se desmantelan, y sostienen su funcionamiento pese a restricciones crónicas [34].

El problema es doble. Por un lado, estos programas absorben la demanda de un país de origen por vez, mientras que la contracción es simultánea en varios. Por otro, muchos de los que reclutan también recortan. Francia intenta atraer investigadores estadounidenses mientras sus universidades entran en déficit, el Reino Unido reduce su base de física básica al tiempo que sostiene con dificultad sus compromisos internacionales, y los Países Bajos debieron primero recortar y luego revertir. Cuando la capacidad de absorción se contrae al ritmo en que crece la demanda, el mecanismo que se suponía amortiguaba los shocks nacionales deja de funcionar. La acumulación del daño, además, opera por vías difíciles de revertir. En Argentina, las postulaciones al CONICET se redujeron cerca de un 30% y más de diez mil profesionales dejaron el sistema universitario, y en los Estados Unidos los subsidios de formación para investigadores subrepresentados cayeron con fuerza [2, 18, 6]. Son pérdidas que se acumulan con el tiempo y que ningún programa de emergencia alcanza a reponer.

Qué sabemos con certeza y qué permanece incierto

Lo mejor establecido son las magnitudes de ejecución presupuestaria, las dotaciones de personal y las terminaciones de subsidios. Son variables medidas por organismos oficiales, agencias estadísticas y análisis presupuestarios independientes, y en general coinciden entre fuentes, lo que les otorga alta confianza. La caída argentina del 46,5% en la función ciencia y técnica, los 6.327 puestos perdidos, el retroceso universitario al 0,47% del PBI, el desplome del 78% en el ministerio colombiano, el recorte chileno del 4,7% y los más de 7.800 subsidios estadounidenses terminados pertenecen a esa categoría. El eje de la autonomía cuenta con su propia medición independiente y revisada por pares, lo que agrega una línea de evidencia distinta de la presupuestaria.

Un segundo grupo de afirmaciones es más incierto, y es honesto señalarlo. La irreversibilidad de largo plazo, la idea de que los laboratorios que cierran no reabren y de que las cohortes perdidas no se recuperan, se apoya en la experiencia de crisis anteriores y en el testimonio de las asociaciones universitarias, más que en un experimento controlado. La atribución causal de la fuga de cerebros a una política determinada es plausible pero difícil de aislar de otros factores, como los salarios relativos o las condiciones de vida. El argumento descansa en un hecho más simple y robusto que cualquiera de esas inferencias tomada por separado, que es la convergencia de motores diversos. Una hipótesis alternativa razonable sostendría que se trata de episodios de austeridad cíclica, independientes entre sí y destinados a corregirse cuando mejore la situación fiscal. Esa lectura predice recortes aislados y asincrónicos, absorbidos por el resto del sistema. La observación de que gobiernos de izquierda y de derecha, de países centrales y periféricos, contraen su base científica al mismo tiempo, de que los receptores recortan mientras reclutan, y de que el deterioro presupuestario coincide con una erosión medida de la autonomía, es la que discrimina entre ambas interpretaciones y favorece la lectura estructural. Los casos de Brasil, Polonia, los Países Bajos y Corea del Sur, lejos de refutar el diagnóstico, delimitan su alcance, porque muestran que el proceso es reversible, y a la vez que la ventana para revertirlo sin pérdida permanente es estrecha.

Qué requeriría una respuesta adecuada

Si la absorción internacional ya no alcanza para amortiguar recortes simultáneos, la respuesta debe buscarse en otra parte. Las becas de emergencia y los programas de reclutamiento pueden rescatar investigadores individuales, pero no reconstruyen las instituciones donde esos investigadores trabajaban. Una respuesta a la altura del problema debería operar en tres planos.

Primero, las organizaciones científicas internacionales y los organismos de financiamiento necesitan mecanismos para articular una respuesta colectiva rápida cuando un Estado miembro desarma su infraestructura de investigación. La Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos, ratificada por 195 Estados, establece normas de libertad científica y autonomía institucional con un ciclo de monitoreo cuatrienal [35], pero carece de mecanismos de cumplimiento y sus informes tuvieron escasa visibilidad. El Consejo Internacional de Ciencias, a través de su Comité para la Libertad y la Responsabilidad en la Ciencia, y las academias nacionales coordinadas en la InterAcademy Partnership, podrían fortalecer ese marco con protocolos formales de alerta temprana. Ese trabajo podría desarrollarse junto a organismos dedicados a proteger las instituciones democráticas, como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y el proyecto V-Dem, y redes como Scholars at Risk, cuyo índice de libertad académica ya provee la base de medición necesaria. El objetivo concreto sería codificar en normas multilaterales la independencia de los consejos de investigación y los ministerios de ciencia, de modo que su disolución se vuelva un asunto de preocupación diplomática y no una decisión puramente interna. El valor de estos esfuerzos no depende de que los gobiernos cumplan. El monitoreo formal genera un registro documentado que respalda impugnaciones legales internas, informa la presión diplomática de naciones socias y provee la base probatoria para reconstruir los sistemas científicos tras las transiciones políticas, como ocurrió en Brasil.

Segundo, los países y organizaciones que aún invierten en investigación deben planificar su capacidad de absorción, y hacerlo con la conciencia de que esa capacidad hoy se contrae. Las becas de emergencia atienden el desplazamiento de científicos individuales, pero hace falta financiamiento sostenido para acoger equipos completos junto con su trabajo, incluida la transferencia de bases de datos, colecciones biológicas y programas de monitoreo de campo, en lugar de exigir que reinicien proyectos plurianuales desde cero. Esta inversión conviene entenderla como una contribución al mantenimiento de la capacidad global de investigación, de la que el país anfitrión también se beneficia. La experiencia de 2026 agrega una advertencia: los programas de un solo destino no escalan cuando la demanda proviene de varios orígenes al mismo tiempo, de modo que la coordinación entre receptores es parte del diseño y no un accesorio.

Tercero, la comunidad científica debe confrontar las condiciones políticas que habilitan estos ataques. La retórica empleada para atacar la ciencia pública, que describe a los investigadores como improductivos y presenta a las universidades e instituciones científicas como sobredimensionadas, sigue un guion reconocible a través de países y movimientos. Que Kast en Chile recurriera a la imagen de los libros que se empastan en bibliotecas, casi con las mismas palabras con que Milei calificó de parasitaria a la investigación pública, muestra hasta qué punto ese repertorio circula. Contrarrestarlo exige que las sociedades científicas y las organizaciones profesionales, nacionales e internacionales, inviertan de manera sistemática en construir alianzas con los sectores que dependen del conocimiento generado públicamente, entre ellos las organizaciones de pacientes, las asociaciones de productores agrícolas, las comunidades expuestas a la degradación ambiental y las industrias edificadas sobre la investigación de base. Estas alianzas deben construirse en tiempos de estabilidad y no improvisarse durante las crisis. En Argentina, por ejemplo, los investigadores del INTA mantienen vínculos de larga data con comunidades agrícolas que dependen de variedades desarrolladas públicamente y de servicios de extensión, un sector cuya voz política suele pesar donde los argumentos científicos por sí solos no alcanzan. La resistencia municipal a la venta de tierras del organismo, la cautelar judicial que frenó su reestructuración y las cuatro marchas federales universitarias muestran, a distintas escalas, cómo esas alianzas pueden traducirse en freno efectivo.

Perspectivas

Los tribunales revirtieron parte de los recortes en los Estados Unidos, el Reino Unido evitó los cierres inmediatos de sus instalaciones, y en los Países Bajos el cambio de gobierno permitió recuperar buena parte de lo recortado. Estos desarrollos ofrecen un alivio parcial y no cancelan el saldo. El daño ya infligido se acumula año a año, y buena parte de él no se deshace cuando cambian las condiciones políticas. Los laboratorios que cierran no reabren de inmediato, las bases de datos interrumpidas a mitad de recolección no se completan de manera retroactiva y el conocimiento institucional que emigra no regresa por sí solo. La situación argentina permanece particularmente grave, con un sistema que sus propios analistas describen como en fase de liquidación, mientras Chile inicia una trayectoria de rasgos familiares y buena parte de América Latina transita el mismo ocaso con gobiernos de distinto signo.

La comunidad científica respondió hasta ahora a cada ataque como si fuera un episodio nacional aislado, y ese enfoque se agotó. La investigación contemporánea volvió a la coordinación y la colaboración internacionales requisitos para abordar los problemas de mayor escala, y cabe aplicar el mismo principio a la defensa de la ciencia. El mapa de 2026 aporta además un elemento de método: la coincidencia de motores diversos indica que no se trata de accidentes nacionales, y la reversión en los países que cambiaron de rumbo indica que el momento de actuar es de inmediato.

Referencias

1. De Ambrosio M, Koop F (2024) ‘There will be nothing left’: researchers fear collapse of science in Argentina. Nature 636: 528–529. DOI: 10.1038/d41586-024-03994-y
2. Orfila MLÁ (2024) 'Scienticide': Argentina's science workforce shrinks as government pursues austerity. Science. DOI: 10.1126/science.zjcq1nt
3. Packer H (2026) Will Argentina's chainsaw massacre of science spark a chain reaction? Times Higher Education. https://www.timeshighereducation.com/depth/will-argentinas-chainsaw-massacre-science-spark-chain-reaction, accesado 3/08/2026
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