ENTREVISTA
El Dr Martín
Isturiz es Investigador Principal del CONICET,
Presidente actual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC),
trabaja en la Academia Nacional de Medicina y su especialidad es
la inmunidad celular. En una amena entrevista realizada el 8 de
octubre, QV conversó con el Dr Isturiz sobre política científica, sus
propuestas para articular políticas de Estado en Ciencia y Técnica (CyT),
el CONICET y la reglamentación de la ley de importación de insumos para
el sector.
Proyecto de Políticas de Estado en Ciencia y Técnica
QV:¿Cuáles son los lineamientos básicos y en qué estado se encuentra el proyecto que se está impulsando desde la SAIC?
MI: Las políticas de Estado en CyT son fundamentales ya que implican una planificación con continuidad en áreas clave para el desarrollo. Además, tienen que ser independientes de liderazgos partidarios o de los cambios de gobierno. Creo que una de las mayores debilidades de nuestro sistema científico reside en la falta de continuidad de los planes, pues las sucesivas administraciones van variando los objetivos y no se plantean políticas a largo plazo para un desarrollo independiente.
QV: ¿Cómo se articulan esas políticas?
MI: Sobre la base de un amplio acuerdo multisectorial, es decir, se debe involucrar además de los sectores específicos como los organismos de CyT y Universidades, a todos los sectores sociales que se sientan involucrados. Por ejemplo, partidos políticos, gremios, ONGs, PyMEs, etc. Sobre esas bases, la convocatoria que iniciamos desde la SAIC reunió hasta ahora unas 700 firmas individuales y 31 institucionales.
QV: ¿Las institucionales corresponden a sociedades científicas?
MI: No exclusivamente, también han adherido Instituciones con marcado perfil social, pero en general son sociedades científicas porque, si bien la convocatoria fue amplia, aún no tenemos formas de llegar a sectores que creemos que deben participar.
QV: ¿Cuáles son los pasos previstos para este proyecto?
MI: A partir de una convocatoria amplia, luego la idea es incorporar a representantes de departamentos, cátedras, institutos, de sociedades y de otros grupos para discutir los objetivos y actuar como grupo colectivo de gestión. Si bien la SAIC impulsó el proyecto, éste excede el marco de una sociedad científica. Cuando se logren las adhesiones y se conformen los grupos, ya deja de tener “pertenecer” a la SAIC. La conformación de un grupo de representantes activo es clave para la continuidad y un resguardo para evitar eventuales distorsiones en el futuro. Este grupo debe estar formado por los referentes que se incorporen y se debe trabajar sobre la base de un consenso previo, donde los objetivos sociales se antepongan a los individuales. Mi opinión es, al principio, no plantear un megaproyecto que necesitaría de un Estado fuerte que lo apoye y lo implemente en varias áreas a la vez. En las circunstancias actuales creo que esto es imposible. Por eso pienso que hay que restringirlo y proponer una política de Estado en un tema de base que tiene que tener ciertas características, como por ejemplo, ser un tema líder, con clara llegada social para que se comprenda, y con argumentos irrebatibles. Uno de ellos podría ser plantearse la producción de vacunas y otros productos biológicos como la insulina, por ejemplo.
Producción y desarrollo de vacunas
QV: ¿En qué tipo de vacunas ha pensado?
MI: Si el tema fuera vacunas, lo primero que hay que saber es cuáles son las vacunas obligatorias, las que el Estado provee en los planes sociales a través del Ministerio de Salud. En este momento son siete: BCG (tuberculosis), cuádruple bacteriana (difteria –tétano – coqueluche más Haemophylus influenza), triple bacteriana, doble adultos (difteria – tétano), triple viral (sarampión rubéola, parotiditis, Hepatitis B y Sabin. Prácticamente ninguna se produce acá. El Instituto Biológico de la Plata sólo produce BCG para la Provincia de Buenos Aires y la vacuna doble (difteria – tétano) sólo en pequeña escala. Las demás se importan, y el Estado para atender los planes de vacunación debe importar las otras vacunas con una erogación anual del orden de los 20 millones de dólares.
Conocidos estos datos, y existiendo tecnología en el país para producir algunas de ellas, habría que evaluar si conviene hacerlas y no importarlas teniendo en cuenta dos requerimientos básicos, en primer lugar, garantizar los estándares internacionales de calidad y en segundo lugar, lograr menores costos.
Una comisión de expertos debería determinar la factibilidad de elaborarlas acá y la relación de costos y calidad con las importadas. Si resulta económicamente favorable, la idea es impulsar la producción en distintos centros. Para ello no es necesario crear estructuras, ni centralizarlas, sino utilizar las disponibilidades existentes. Eso sí, contando con una coordinación muy eficiente, con un aporte de fondos genuinos y con continuidad en el marco de una política de Estado. Alrededor de esos centros de producción deben girar proyectos tecnológicos con objetivos precisos para optimizar los productos, o para nuevos desarrollos. Estas tecnologías no estarían directamente ligadas a la producción sino al desarrollo, ya que si hubiera algunas vacunas cuya producción no fuera competitiva hoy, podría serlo más adelante.
QV: ¿Esta política se llevaría adelante desde la Secretaría de CyT?
MI: Si se asume que una política de Estado es esencialmente una cuestión estratégica, la implementación debe ser de incumbencia de los organismos relacionados con los objetivos propuestos y no necesariamente debe depender de un área en particular. La conducción ejecutiva podría estar en manos del Ministerio de Salud y la Secretaría de CyT, siempre y cuando se sigan los planes previamente trazados. El otro requerimiento indispensable es que los fondos deben ser genuinos y estar disponibles es decir, no provenir de créditos internacionales sino por aportes directos del Estado que puede obtenerlos, por ejemplo, a través de retenciones a las importaciones o exportaciones, para aplicar directamente a esos planes. Semejante a lo que tuvo durante muchos años el INTA y luego se eliminó, que recibía un aporte directo de las exportaciones agropecuarias y lo reinvertía en el organismo y en tecnologías, retroalimentando el sistema.
QV: ¿Cómo se controla que los recursos sean adecuadamente aplicados al desarrollo de tecnologías y no se deriven a planes de investigación básica u otros rubros?
MI: Los proyectos tecnológicos tienen objetivos muy definidos y el seguimiento o evaluación de los mismos se debe hacer exclusivamente bajo esa perspectiva.. A diferencia de los proyectos de investigación básica, el control del cumplimiento de los objetivos de desarrollo es más fácil, ya que si no se alcanzan las expectativas previstas, se modifican los rumbos, pero los objetivos no se pueden cambiar.
QV: ¿Debería haber temas prioritarios?
MI: En Tecnología, sí. En países subdesarrollados debe haber políticas de apoyo a temas prioritarios de desarrollo tecnológico, elegibles sobre la base de consensos y no de intereses particulares que llevan a distorsiones. Por ejemplo, como política de Estado habría que pensar si no convendría hacer hincapié en la prevención de algunas enfermedades, por ejemplo mejorando las viviendas, más que en proyectos de investigación aplicada para diagnóstico o vacunas. Incluso, los proyectos tecnológicos deben ser encarados por profesionales de diversas áreas incluyendo tecnólogos, arquitectos, sociólogos y otros con una concepción integral.
QV: En cuanto a la investigación básica, ¿cómo se podrían aumentar y optimizar los recursos para el sector?
MI: En primer lugar, nunca habría que dejar de hacer ciencia básica la cual, en principio, debería realizarse en los centros de formación como las Universidades, ya que los planteles nuevos, en general, no se forman desde la tecnología. Pienso que en investigación básica no debe haber temas prioritarios sino investigaciones de calidad, escuelas de formación en distintas disciplinas con la calidad como requisito fundamental. Además, estos grupos son necesarios como consultores en proyectos tecnológicos. La única vía que veo para incrementar los recursos del sector, en las circunstancias actuales, es con el compromiso y la movilización de los científicos, pues si bien el sector es chico, puede ejercer presiones de otro tipo.
Ley de Exención de impuestos para insumos importados para investigación
Un ejemplo claro del valor de la movilización es el proyecto de implementación de la Ley de Exención de Impuestos para Insumos Importados para investigación, presentada por la Diputada Irma Parentella, que estuvo tres años "cajoneada" hasta que una presentación con 1600 firmas individuales y 61 adhesiones institucionales puso el tema en marcha. En una semana se hará la última audiencia pública con la participación de todo el que esté interesado.
QV: Además lo que resulta muy interesante es que el organismo encargado sería la Secretaría de CyT y no Economía
MI: Sí, justamente así había sido planteado por la Diputada Parentella, y se pudo conseguir que saliera de esa manera gracias al compromiso de la gente y haciendo públicas todas las instancias. Es posible que sin la movilización del sector las presiones de otras áreas hubieran cambiado el papel que se le otorga en el proyecto a la Secretaría de CyT, a favor de otras dependencias del Estado.
Sobre el funcionamiento del CONICET
QV: En cuanto al ámbito del CONICET, ¿cómo piensa que se podría mejorar el sistema de evaluación?
MI: Existe una propuesta, originalmente planteada por la Coordinadora, que yo expuse como Presidente de la SAIC en la reunión convocada por el actual Presidente del CONICET, el Dr. Charreau, con el fin de aportar propuestas de mejoramiento del sistema. Partiendo de que considero que parte de los problemas se originan en el hecho de que las Comisiones Asesoras que evalúan son elegidas por el Presidente y Directorio sobre una plantilla de científicos conocidos. La idea es que las Comisiones Asesoras se conformen con científicos elegidos mediante un sorteo público a partir de una lista de evaluadores calificados de cada área, confeccionada previamente. Esto evitaría o minimizaría los conflictos de intereses y el amiguismo, y le daría mucha más transparencia al sistema. El sistema actual no es bueno y yo personalmente no he aceptado integrar la Comisión Asesora de Ciencias Médicas porque no estoy de acuerdo con el mecanismo de selección de evaluadores.
QV: Sobre los parámetros que se emplean para evaluar el ingreso de becarios y de investigadores a la Carrera, ¿cree que son adecuados?
MI: En el ingreso de becarios es muy poco lo que se puede evaluar, hay pocos parámetros ya que casi no tienen antecedentes científicos, pero pienso que el puntaje debe corresponder sólo al candidato El Director y el plan no deben concursar, simplemente deben estar previamente evaluados y aprobados, entonces el candidato es lo único que se evalúa. Es distinta la situación de los ingresos a Carrera. El postulante ya tiene antecedentes, pero también debe tener ideas propias, demostrar que puede llevar adelante una línea de investigación, y la única forma de evaluar esa capacidad es mediante una entrevista personal. En una entrevista con un tribunal de evaluadores, los postulantes expondrían su plan y podría evitarse que sólo un mayor número de publicaciones sea el parámetro determinante. Hay gente que por estar en grupos con menos recursos o trabajar en temas de menor repercusión tienen menos “papers”, pero eso no implica baja calidad ni idoneidad, ya que pueden estar mejor capacitados para llevar adelante ideas propias.
QV: Por último, ¿qué opina sobre la conformación del Directorio del CONICET con representantes de la Industria, el Agro, las Universidades y las Provincias?
MI: Pienso que todos los cargos del CONICET, hasta el de Presidente, deben ser electivos. El cargo político es el del Secretario de CyT. El CONICET debería ser autónomo con un Directorio formado por 8 miembros, 2 por gran área, y someter su gestión a un control anual en una audiencia pública. Ellos no deberían responder como funcionarios al poder político sino, por ser elegidos, a sus representados. Con respecto a los representantes del Agro, etc, podrían estar pero en calidad de asesores, y además sería conveniente que fueran elegidos por todos los integrantes de los sectores correspondientes a cada área, y no sólo por uno de ellos.
